Impunidad: violencia callejera y violencia institucional

Las situaciones extremas, con la guerra como ejemplo claro, suponen la oportunidad para todo tipo de abusos que, enterrados en noticias más llamativas, pasan desapercibidos de una forma que no lo harían en tiempos de paz. Esta idea es aplicable tanto a las autoridades oficiales como a venganzas contra colectivos demonizados que se encuentran así en una posición aún más vulnerable. El caos asociado a la guerra facilita, no solo saqueos y otro tipo de criminalidad, sino también el abuso contra personas que, en minoría, no pueden enfrentarse a los grupos de vigilantes.

En el caso de la Ucrania posterior al inicio de la intervención rusa, cuando el Gobierno entregó armas a todo aquel dispuesto a portarlas, añadiendo así una amenaza más a un contexto ya anteriormente violento, se han repetido en estos últimos días numerosos casos de linchamiento. Personas acusadas de saqueos, de “colaborar con el agresor” o simplemente de ser “prorrusos”, una etiqueta válida para cualquier crimen de pensamiento, son atadas a árboles o señales de tráfico a lo largo y ancho del país en vídeos en los que los propios agresores se jactan de sus vejaciones. Cientos de civiles, en ocasiones incluso niños, han sido sometidos a estos abusos, muchas veces medio desnudos, por parte de grupos paramilitares con impunidad absoluta.

En declaraciones recogidas por del medio ucraniano Strana, el viceministro del Interior Vadim Denisenko afirmó el lunes que no considera que “atar y exponer a un saqueador se pueda considerar salvaje en tiempos de guerra”. Denisenko admitió también que la Policía Nacional no tiene capacidad para llegar a todo. “Cualquier saqueador tiene que comprender que recibirá lo que merece de cualquier manera. Primero será atado a un poste y después encarcelado diez años. Estas acciones tienen un efecto mucho mayor sobre los saqueadores que la amenaza de castigo penal: entienden que el castigo será aquí y ahora”, explicó Denisenko apoyando de forma explícita la justicia vigilante, el castigo aquí y ahora a hombres, mujeres y niños sin capacidad alguna de defenderse.

A nivel de Estado, la guerra ha supuesto la inestimable oportunidad de profundizar en unas tendencias que ya existían desde la victoria de Euromaidan. El golpe de Estado supuso la desaparición del Partido de las Regiones, que se reorganizó en un Bloque Opositor que posteriormente volvió a dividirse. A ello se sumó la inmediata demonización del Partido Comunista, que finalmente fue ilegalizado en 2015 bajo pretexto de la llamada ley de descomunización, que supuestamente pretendía criminalizar tanto al nazismo como al comunismo. En la práctica, esa ley ha sido utilizada para criminalizar a los partidos de tendencia comunista -no solo el Partido Comunista sino otros partidos comunistas más pequeños, pero con implantación local como Borotba- y con ellos a toda la simbología comunista. Mientras incluso la bandera de la Victoria ha tenido que ser modificada para retirar la hoz y el martillo y evitar así las multas que implica la “propaganda del régimen totalitario comunista”, ni los partidos de corte fascista como Svoboda, ni quienes portan símbolos de inspiración Nazi como el regimiento Azov han visto obstaculizadas sus actividades.

La guerra ha servido para profundizar en un trabajo de demonización y prohibición de partidos y medios de comunicación opositores. Al contrario que Poroshenko, que fracasó al intentar forzar la imposición del estado de excepción por medio de una provocación en el estrecho de Kerch, Zelensky sí dispone ahora de esa oportunidad. En su presidencia antes del inicio de la intervención rusa -aunque con el país siempre en guerra-, Zelensky había abusado ya de sus poderes ejecutivos y había prohibido numerosos medios de comunicación opositores o vinculados a grupos políticos contrarios. Ahora, escudándose en la situación política y militar, el presidente ucraniano, firme candidato al premio Nobel de la paz y enaltecido en la prensa mundial como líder de una democracia que lucha contra una autocracia, ha anunciado la “unificación de la política informativa” por medio de la “combinación de todos los canales informativos de televisión nacionales en una plataforma única de información para la comunicación estratégica durante las 24 horas del día”. El frente informativo ha sido, desde la llegada al poder de Zelensky una prioridad al mismo nivel que el frente militar, una importancia que aumentará a medida que las dificultades de suministro y la falta de reservas pasen factura al Ejército Ucraniano.

Además, en un discurso en el que Zelensky apelaba a las madres rusas para que paren la guerra y al Estado suizo a requisar las propiedades de los oligarcas rusos, el presidente ucraniano anunció también la prohibición de las actividades de once partidos políticos por sus “vínculos con Rusia”, sean reales o imaginarios. “Todo el mundo tiene que cuidar los intereses del Estado, los intereses de Ucrania. Porque es por nosotros. Porque es por el bien de la vida”, alegó Zelensky. Entre los partidos cuyas actividades quedan suspendidas mientras se alargue el estado de excepción se encuentra la Plataforma Opositora Por la Vida, el partido de Viktor Medvedchuk, que durante meses ha liderado las encuestas de intención de voto y cuyo líder está siendo acusado de traición en un caso políticamente fabricado. En la lista están también el Bloque Opositor, el Partido Sharii, Nashi, Solidaridad, Derjava, el Bloque Volodymyr Saldo, la Unión de Fuerzas de Izquierdas, la Oposición de Izquierdas, el Partido Socialista de Ucrania y el Partido Socialista Progresista de Ucrania. La mayoría de los partidos con representación institucional habían suspendido ya sus actividades políticas y habían cerrado filas con el Gobierno o se estaban dedicando al suministro de ayuda humanitaria. Algunos de ellos están vinculados a medios de comunicación prohibidos hace ya tiempo y otros son los escasos partidos de izquierdas existentes, de escasa implantación y que difícilmente pueden ser una amenaza en un país que ha prohibido al principal partido de esa tendencia, dejando a una parte del electorado sin representación política posible. La prohibición cuenta con el aval de la Unión Europea, que la ha justificado. En 2015, tampoco hubo protesta alguna por la prohibición de los partidos comunistas.

A las prohibiciones hay que sumar las numerosas detenciones que se han producido estos días. En los primeros días de la operación militar rusa, los movimientos comunistas denunciaban la detención por parte del SBU de los gemelos Kononovich, miembros de movimientos comunistas y antifascistas. El 11 de marzo era detenida Elena Vyacheslavova, hija de Mijaíl Vyacheslavov, víctima de la masacre del 2 de mayo en Odessa. El sábado se informaba de la detención de la conocida defensora de los derechos humanos Olena Berezhnaya en la ciudad de Kiev. El mismo día, era detenido en Odessa el conocido periodista del diario Timer Yuri Tkatchev. “Vinieron a por mí. Ha sido un placer hablar con vosotros”, publicaba en su canal de Telegram. Tkatchev fue desnudado durante el registro, en el que los agentes del SBU colocaron, según relató su esposa, una granada y explosivos que sirvieron de justificación para la detención. Según se ha podido saber, el periodista, una de las principales fuentes de información sobre la masacre del 2 de mayo en Odessa, está acusado de traición y de obstaculizar las actividades del Ejército Ucraniano.

Slavyangrad