De por sí compleja, la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP podría peligrar debido a una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la cual da vía libre a la modificación de dicho tratado en el máximo órgano legislativo.
Congresistas como los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras alertaron sobre el riesgo que implica someter a consideración y votación cada uno de los puntos pactados con esa guerrilla, la mayor de esta nación andina, no solo por la demora en el procedimiento, sino por la posibilidad de que pueda desvirtuarse la esencia del histórico consenso.
La Corte Constitucional dictaminó que no es necesario el aval del Ejecutivo para promover
cambios a los proyectos de ley en torno a los convenios con ese movimiento y que no es válida la votación en bloque de las propuestas (como había ocurrido hasta la fecha), decisión celebrada por los opositores de derecha.
Se trata de una determinación adversa al desarrollo normativo de lo concertado entre ambas partes, declaró Cepeda a Prensa Latina al referirse al fallo de la entidad judicial.
Esa instancia está tomando decisiones en contra de los esfuerzos por la paz, espero que mida las consecuencias y que sea consciente de su responsabilidad, enfatizó el también reconocido defensor de derechos humanos.
Según el legislador por el Polo Democrático Alternativo, mayor alianza de izquierda, el Congreso deberá garantizar que las leyes expedidas sean fieles al espíritu de lo convenido en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Preocupado por el futuro del proceso pacificador, el exjefe de los negociadores gubernamentales en los diálogos con ese grupo guerrillero Humberto de la Calle invitó a crear una coalición compuesta por personas de distintos sectores y regiones a fin de respaldar el llamado Acuerdo Final, rubricado el 24 de noviembre.
De acuerdo con el jurista y exvicepresidente resulta imprescindible actuar con cuidado y responsabilidad para evitar que la reciente sentencia del alto tribunal frene la fase de implementación o postconflicto.
Incumplir los acuerdos de paz sería la antesala de una tragedia de violencia que el país no quiere y a toda costa debe impedir, subrayó De la Calle en declaraciones a la prensa.
Actualmente unos siete mil hombres y mujeres de esa agrupación permanecen concentrados en 26 lugares del territorio nacional con el propósito de abandonar el armamento en su poder y prepararse para su reintegración a la vida civil.
Aunque el Congreso ha avalado leyes fundamentales para afianzar la paz, restan algunas igualmente claves como las que facilitarán la proyectada transformación del campo con una reforma rural integral, asociada a la sustitución voluntaria de los cultivos cocaleros por otros plantíos.
La lucha por una distribución equitativa de la tierra y mayores oportunidades para quienes la cultivan es una de las raíces profundas del conflicto armado interno.
En opinión de expertos, el éxito y credibilidad del presente período de post-acuerdo (con las FARC-EP), resulta vital para impulsar las nacientes conversaciones con el igualmente rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), de cuyos resultados depende que Colombia conquiste un escenario de distensión duradero y más abarcador.
(Prensa Latina)
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