Un nuevo revés al Tribunal Supremo. Esta vez ha sido la organización Amnistía Internacional la que se ha pronunciado en relación al juicio a los líderes políticos y sociales del procés, y lo ha hecho de forma contundente.
La organización pide la “libertad inmediata” tanto de Jordi Cuixart como de Jordi Sánchez. Los líderes sociales, condenados a nueve años, cumplen condena por la manifestación que se realizó en septiembre del 2017 frente a la Consellería d’Economía, la cual han definido como “desproporcionada”.
Desde Amnistía Internacional apuntan que esa manifestación y el papel del presidente de Òmnium y el de la Asamblea Nacional Catalana respectivamente, son “hechos pacíficos,
amparados por la libertad de expresión y reunión”.
Como ha añadido en rueda de prensa Adriana Rivas, directora de Amnistía Internacional Catalunya, “Cuixart y Sánchez tenían derecho a expresar su rechazo a la suspensión del Tribunal Constitucional del referéndum del 1 de octubre y a organizar reuniones pacíficas. En nada de lo que hicieron hubo incitación directa a la violencia [...] Ha habido una restricción ilegítima de sus derechos”.
Además, la organización alerta el futuro uso de la infame sentencia, advirtiendo que el delito de sedición, tal y como está interpretado en la sentencia del juicio, “amenaza la libertad de expresión y de reunión” y, sostienen “abre la puerta a criminalizar acciones de protesta con desobediencia civil no violenta y acciones pacíficas”.
Por otra parte, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha asegurado que, tras presenciar las 52 sesiones del juicio oral, el delito de sedición, tal y como está recogido en el Código Penal, vulnera el principio de legalidad “porque está definido de forma demasiado vaga, muy general”.
Si bien ha sido respecto a los líderes sociales en el punto donde la organización se ha mostrado más contundente, también han asegurado en referencia a los altos cargos del Govern que se “les vulneró el principio de legalidad” puesto que las condenas llegan “por una definición e interpretación de un delito que son contrarias al derecho internacional”. Por ello, la organización insta a que la Fiscalía adopte una postura en el Alto Tribunal “que respete el principio de legalidad de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Más reveses al Tribunal Supremo y al Régimen del 78 que con el juicio farsa y la infame condena a los líderes del procés, ha intentado disfrazar de sedición la legítima protesta y demanda del pueblo catalán por el derecho a decidir, cuando el verdadero objetivo era y es asediar judicialmente y enviar a la cárcel a todos aquellos que se organizan y luchan contra este régimen reaccionario.
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