sábado, 31 de octubre de 2020

Desalojo exprés de una mujer con sus tres hijos menores, uno de ellos de dos meses


El desalojo exprés de una mujer con sus tres hijos menores, uno de ellos de dos meses, la noche del pasado jueves, antes del toque de queda y de la entrada en vigor del confinamiento perimetral, ha causado indignación ciudadana y un cruce de acusaciones entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), los Mossos d’Esquadra, el Ayuntamiento de Barcelona, el BBVA y vecinos y entidades como el Sindicat de Llogateres. Unos defienden que se había comunicado el lanzamiento y que se desconocía la situación de precariedad en la que vivía la familia, mientras que otros refieren que los ocupantes no sabían el día del desahucio y que habían advertido previamente de la vulnerabilidad.

La mujer ocupaba desde el 2018 un piso del BBVA en la calle Rasos de Peguera de Ciutat Meridiana, uno de los barrios más castigados por los desahucios desde que se inició la crisis inmobiliaria hace ya más de una década. Tras ser desalojada y pasar una noche en el Centre de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), la entidad financiera anunció que facilitará un alquiler social a la familia y que había iniciado el proceso judicial al desconocer la situación de vulnerabilidad. Un extremo que la concejal de Vivienda, Lucía Martín, niega. La edil asegura que el Ayuntamiento ya había avisado el 12 de marzo.

Los Mossos defienden que actuaron por la noche ante un “delito flagrante”

El decreto de medidas urgentes para el acceso a la vivienda, que entró en vigor en diciembre del 2019, imposibilita los desahucios cuando esté acreditado que los residentes, aunque no dispongan de título habilitante del piso, puedan acreditar situación de vulnerabilidad antes los servicios sociales.

Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana cuando los Mossos acudieron junto a la comitiva judicial a realizar el lanzamiento. La vivienda estaba vacía y se cambió la cerradura y la entidad financiera instaló un sistema de alarma. La mujer, al llegar por la tarde, entró en la vivienda para recuperar sus enseres y solicitó ayuda al Ayuntamiento y a las entidades vecinales.

Al regresar, la alarma se accionó y los Mossos recibieron a las cinco de la tarde una llamada denunciando una ocupación, por lo que dos patrullas se personan en Ciutat Meridiana. Intentaron mediar con la familia y le comunicaron que habían cometido un “delito flagrante” y que, por tanto, debían iniciar un desalojo inmediato. En el entorno se concentró un gran número de vecinos, por lo que las dos patrullas solicitaron ayuda a la Arro, ya que se habían quedado incomunicadas dentro del edificio. La historia acabó con un desalojo exprés y la salida a las nueve de la noche con la mujer y los niños hacia el centro de emergencia escoltados por los Mossos.

Esta imagen ha causado un profundo malestar e indignación ya que todos entienden que se podría haber evitado. “Es una vergüenza lo que pasó ayer. El Ayuntamiento ha realojado a la familia, pero es necesaria una solución estructural: hemos trasladado a la Generalitat y al Gobierno central que se ha deben parar los desahucios de personas vulnerables. No podemos perder ni un día más”. Así de rotunda se mostró la alcaldesa Ada Colau.

Por su parte, la concejal de Vivienda explicó que el Ayuntamiento desconocía que iba a producirse el lanzamiento, que no fueron avisados. También criticó que no existiera ninguna orden judicial para el desalojo exprés y que aun así los Mossos actuaran ejerciendo una gran “desproporcionalidad”.

El comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, explicó que ayer en la Ser que los policías actuaron ante un “delito flagrante” y para “restituir la propiedad” a su legítimo propietario. También refirió que se produjeron altercados en la calle.

El TSJC explica que el lanzamiento de la mañana se había comunicado a las partes

Por su parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) explicó que el desahucio había sido comunicado a las partes y se anunció que tendría lugar a las nueve de la mañana. Era la cuarta vez que se intentaba el desalojo y existe una sentencia en la que se establece el desahucio desde mayo del 2019. El pasado julio se fijó la fecha del 29 de octubre, según el TSJC, que afirma que tiene acuse de recibo de esta comunicación. El 22 de octubre, la familia solicitó la suspensión del lanzamiento alegando motivos relacionados con la pobreza energética, pero ese mismo día el juzgado lo desestimó al entender que esa era una cuestión administrativa que no afectaba al procedimiento judicial, de manera que mantuvo para el día de ayer la ejecución del desahucio debidamente notificado a las partes.

Por último, la entidad financiera propietaria del piso reitera que en ningún momento tuvo conocimiento de la situación de precariedad de la familia y que, por eso, el procedimiento judicial continuó. Un portavoz del BBVA aseguró que “no es voluntad de la entidad dejar a nadie en la calle y, por eso, cuando hemos recibido la información de vulnerabilidad familiar se les ha dejado regresar a la vivienda”. En este sentido, ahora se dirimirá si se les ofrece un alquiler social, si la familia lo acepta o se decide que ocupen la vivienda hasta que el Ayuntamiento de Barcelona les facilite un piso público.

Más de 80 desahucios a la semana

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, explica que estos últimos meses se producen en Barcelona una media de 80 desahucios a la semana. La unidad que puso en marcha el Consistorio para paralizarlos con mediación previa o con gente en la puerta de los edificios consigue frenar el 80%, pero reconoce que es imposible llegar a todos. Reclama con urgencia que la Generalitat o el Gobierno central acaben con los lanzamientos de familias vulnerables. Esta semana, la alcaldesa Ada Colau ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez con esta reclamación. Sobre la propuesta del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, comprometiéndose a frenar los desahucios, Martín señala que la Generalitat no tiene competencias ya que estas cuestiones afectan a la ley de Enjuiciamiento Civil, pero entiende que en situación de pandemia el Gobierno catalán está legitimado para pedirlo.

La Vanguardia

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