Para los sectores opositores que promueven la abstención, existe premura por fabricar un hecho de conmoción para perjudicar las elecciones presidenciales. En el transcurso del miércoles 16 de mayo se presentó un motín en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ubicada en El Helicoide, que se originó por una supuesta riña entre privados de libertad que dejó al menos un detenido herido: Gregory Sanabria. Sin embargo, el tratamiento de los medios y la forma cómo se dieron los eventos, sugieren que estamos en presencia de una operación coordinada con objetivos políticos en medio de la coyuntura preelectoral.
Políticos presos encabezan la operación
Por las redes se difundieron videos con las exigencias de personajes políticos de referencia mediática como Lorent Saleh, detenido por siete delitos, entre ellos facilitación de ingreso ilegal de extranjero, falsificación de documentos, instigación e intimidación al orden público; y Daniel Ceballos, en proceso de juicio por rebelión. En medio de la situación, los privados de libertad tomaron las instalaciones de Seguridad y Control de Aprehendidos, realizando acusaciones de que la supuesta pelea "habría sido ordenada por la directiva de la policía política".
Con estas declaraciones altisonantes quisieron compensar la falta de una imagen de fuerza que comprometiera al SEBIN en medio de una refriega que tenía visos de simulación.
Curiosamente un "presunto enfrentamiento entre presos políticos y presos comunes" termina en alzamiento interno con motivación política. Los presos calificados de "comunes", con conocimiento de cómo planificar motines según el periodista Eligio Rojas, no protagonizaron los videos sino los dirigentes que convirtieron sus exigencias en arengas políticas. Todo parece indicar que el trabajo pesado fue asumido por los "comunes" mientras el trabajo mediático fue encabezado por los "políticos", incluido Gregory Sanabria, acusado de conspiración para la rebelión. Una evidente distribución de roles para la operación, encubierta bajo un choque simulado entre privados de libertad de distintas categorías.
Además, el desarrollo de los hechos sugiere que la acción estuvo coordinada al punto de que los políticos presos contaban con la logística necesaria (teléfonos inteligentes, conexión a Internet, etc.) para captar la atención de la opinión pública vía redes sociales.
La proyección internacional como cortina del fracaso interno
En el exterior de la sede policial, y a solo minutos del inicio del motín, se hallaban periodistas de la cadena Telemundo de Miami y otros medios internacionales, quienes en tiempo real amplificaron la operación en coordinación con periodistas locales. Todo el montaje sirvió, también, para sacar de la agenda política a Henri Falcón, horas después de que la protesta convocada por la MUD fracasara.
Quizás el envión que buscaba vitalizar la proyección internacional de la puesta en escena fue la aparición del estadounidense Joshua Holt en varios videos; éste cursa un proceso de juicio por porte ilícito de armas, terrorismo y espionaje. Fue vinculado a la preparación de actos terroristas luego de incautarle un fusil AK-47, un facsímil tipo M4, dinero en efectivo (bolívares y dólares), cámaras fotográficas, computadoras portátiles y boletos aéreos. La operación cerró focalizándose en su figura, buscando internacionalizar la maniobra y arrastrar apoyos puertas afuera del territorio venezolano.
Rápidamente intervino la embajada de EEUU a través de su encargado de negocios, Todd Robinson, quien acudió hasta la Cancillería venezolana para solicitar información sobre el estado de Holt, pero no obtuvo "ninguna respuesta por parte del Gobierno", así lo informó la embajada de EEUU en Caracas a través de un tuit. En su programa Con el Mazo Dando, el constituyente Diosdado Cabello afirmó que el detenido es jefe del espionaje estadounidense en América Latina.
"Quieren matarme y pintar las paredes con mi sangre", afirmó Holt, cuya figura intenta oxigenar y dar excusas al desarrollo de mayores maniobras del gobierno estadounidense para presionar contra las próximas elecciones presidenciales. Es posible que la intromisión directa de la Administración Trump suba de nivel de intromisión en los asuntos venezolanos utilizando la cobertura de un caso diplomático de defensa de uno de sus ciudadanos.
La denuncia contrasta con la realidad evidenciada en las imágenes. Tanto el estadounidense como los otros políticos presos declaraban de forma tranquila, pausada, mostrando condiciones físicas y actitudinales que contradicen tanto el relato del enfrentamiento entre presos como el de "rehenes torturados" por los servicios de seguridad del Estado.
La conmoción que no levanta, el "muertico" que falta
El antichavismo no logra calentar la calle, no pudo con la marcha convocada para el miércoles 16 de mayo, y la puesta en escena en El Helicoide muestra cierta premura por generar acciones de conmoción social para perjudicar los comicios presidenciales del próximo domingo.
A falta de credibilidad y ascendencia en la población, el ala extremista del antichavismo delega en sus devaluados activos, los llamados "presos políticos", la generación de situaciones de violencia apoyadas en el peso diplomático del encargado de negocios Todd Robinson, en operadores internacionales como Luis Almagro y el corretaje de ONGs financiadas por el Departamento de Estado. Mientras tanto los políticos permanecen haciendo el papel de espectadores, intentando capitalizar el evento como un razón más "para no ir a votar el domingo".
Claramente la operación, en lo político, busca fortalecer la línea abstencionista del ala extremista de la oposición venezolana, desvincular al candidato Henri Falcón de un aspecto sensible para la base oposita como los "presos políticos" y generar un clima de enfado que perjudique la paritcipación electoral general del 20 de mayo.
Vilca Fernández dijo que los presos exigían la presencia del fiscal general Tarek William Saab en el sitio, y denunció que el Estado quiere "montar una masacre" a manos de funcionarios del SEBIN, acusación que pudiera apuntar hacia la necesidad del "muertico necesario" que no pudieron generar en la movilización convocada para la sede de la OEA en la ciudad de Caracas. También fue una operación de control de daños a la desacreditada imagen de la oposición radical venezolana.
El Fiscal General de la República anunció en horas de la tarde que una delegación del Ministerio Público "conversó con una representación de los privados de libertad y así atender sus peticiones". Para ello creó una comisión especial para dialogar con los privados de libertad y resolver el conflicto de forma pacífica en el lugar de los hechos.
"Manifestamos la voluntad de realizar las respectivas coordinaciones con las autoridades competentes, sistema penitenciario y de justicia a objeto de resolver la situación planteada", agregó.
En horas de la noche, el abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, afirmó que el Gobierno se comprometió a solventar la protesta atendiendo a las exigencias de los privados de libertad, asimismo el Poder Judicial instaló un tribunal móvil en El Helicoide donde se adelantarán las diligencias judiciales pendientes.
La oposición nucleada en el Frente Amplio Venezuela Libre intenta generar un hecho de crispación social que favorezca la reactivación de actores de violencia callejera como forma de "respuesta política" a los comicios del 20M, condición necesaria para fortificar el cerco internacional y diplomático promovido por Washington contra Venezuela.
Misión Verdad
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