Complicidad en un crimen de guerra

 

Al margen de la retórica mediática, contradiciendo la forma en la que se ha creado la narrativa, la Fiscalía alemana ha dado esta semana muestras de una independencia que incomoda a las autoridades políticas. Desde que quedó claro que las investigaciones de los diferentes países no iban a encontrar la mano del Kremlin en los atentados contra el Nord Stream, una versión que siempre careció de sentido, los países europeos se han centrado en convencer a la población de que, en realidad, las bombas que lo hicieron explotar no eran el problema. La culpa no fue del equipo de buzos que colocó e hizo estallar los explosivos, sino de aquellas personas que aprobaron el proyecto y lo llevaron a cabo. Como cara más visible de quienes defendieron la unión directa entre Rusia y Alemania por medio del Nord Stream, Angela Merkel ha sido el nombre más repetido por quienes han querido desviar la atención alegando que el crimen no fue el atentado que destruyó tres de las cuatro tuberías submarinas, sino la propia existencia del gasoducto. Esa versión ha tenido dos centros -Polonia y los países bálticos por un lado y Estados Unidos por otro- que, por motivos diferentes -odio irracional a todo lo ruso en los primeros e intento de eliminar a la competencia en el segundo-, han coincidido en la lucha contra el Nord Stream como proyecto político inaceptable que iba a consolidar el poder ruso en el continente europeo.

Desde este punto de vista, la eliminación del Nord Stream ha sido un favor a Alemania, que se ha podido así eliminar de un plumazo el grave lastre de la dependencia del gas barato ruso, una versión de los hechos coherente con la lógica de las sanciones de Estados Unidos. En 2022, debió quedar claro que cualquier sanción al sector energético ruso era, en realidad, una medida dirigida también contra Alemania, único rival industrial de Estados Unidos en el continente. La pérdida de acceso, en parte voluntario a causa de la invasión de Ucrania y posteriormente obligado también por la destrucción del Nord Stream, ha supuesto para Alemania una caída en la competitividad de su industria, basada en la certeza de contar siempre con grandes cantidades de energía a precios reducidos. De ahí que Berlín haya tratado de paliar sus carencias en los últimos años a base de subvenciones y el actual keynesianimo militar, que busca utilizar el rearme como forma de reactivar la economía.

Al contrario que el Reino Unido, que ha comprendido algunas de las lecciones de la guerra de Ucrania y ha basado su plan de rearme en potenciar el desarrollo y producción de sistemas no tripulados y misiles, Alemania sigue insistiendo en aumentar la producción de material pesado, como sus tanques Leopard que no dieron un gran resultado en la contraofensiva de Zaporozhie en 2023. En ese contexto de desajuste económico y financiero debido a la pérdida de competitividad, el gran aumento de gasto militar ha de producirse necesariamente a costa de recortes en otras partidas. Esta semana, Friedrich Merz ha anunciado draconianas medidas para reducir bajas laborales, desregular el mercado laboral y la propuesta de retrasar la edad de jubilación. El regalo de la eliminación de la dependencia de la energía rusa no fue envenenado, sino que llegó en un pequeño yate, el Andrómeda, y estalló en las profundidades del mar Báltico.

En contexto de guerra y del rearme decretado en 2025, cualquier recorte es posible siempre que no afecte al aumento del gasto militar, del que forma parte la contribución que cada país hace al esfuerzo bélico ucraniano, que de ninguna manera puede verse afectado por la coyuntura económica de cada país ni por detalles como el ataque contra el Nord Stream. Las noticias de esta semana, en la que se han confirmado recortes sociales mientras se aumenta masivamente la inversión militar, ratifican esa máxima. Y aunque prácticamente se da por hecho y ni siquiera es necesaria la confirmación, Berlín ha ratificado que el juicio que ha comenzado contra el único detenido y extraditado por la voladura del Nord Stream no afectará al proyecto geopolítico y militar más importante de la UE, el suministro de armas para la guerra de Ucrania.

“Los países de la UE deberían tener en cuenta este caso cuando debatan las perspectivas de adhesión de Ucrania a la UE”, comentó ayer Dmitry Peskov. El portavoz del Kremlin respondía a las noticias de la semana, pero también a la situación en general, ya que hace varios años que ha quedado claro que Alemania no buscaba a los y las culpables del acto de sabotaje en Rusia, sino en Ucrania. El último romántico, solo Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, se aferraba hasta hace unos meses a la posibilidad de una falsa bandera rusa para deslegitimar a Ucrania. El cambio de discurso para restar importancia a los hechos era un indicio suficiente de que el objetivo de las autoridades políticas y mediáticas europeas no era resolver el caso sino exculpar a un aliado político y proxy militar en la guerra común contra Moscú.

Las noticias de esta semana solo confirman lo que ya se había conocido gracias a las filtraciones mediáticas. El ataque no fue obra del enemigo ruso sino que se gestó en la amiga Ucrania, donde se creó un grupo de expertos militares en buceo que, utilizando el pequeño Andrómeda, colocaron los explosivos que eliminaron el Nord Stream como factor a tener en cuenta en la guerra. El objetivo, como ya se conocía y podía deducirse de los propios hechos, era castigar a Rusia y reducir sus ingresos por la venta de energía. Pero, al igual que las sanciones, que no pretendían hacer daño solo a la Federación Rusa, sino también a Alemania, el castigo estaba también dirigido contra Berlín, a quien se le retiraba la opción de cambiar de opinión y reanudar la adquisición de energía rusa.

El 2 de julio, la Fiscalía de Alemania emitía un comunicado en el que se presentaba el caso contra Serhii K. (Serhii Kuznetsov, cuya identidad queda protegida por las leyes de privacidad de Alemania) y relataba los pasos dados por el acusado hasta el momento de la explosión. “El 4 de septiembre de 2022, Serhii K. entró en Alemania a través de Polonia utilizando un pasaporte ucraniano falsificado. Poco después, él y los demás miembros del grupo se embarcaron en un velero en condiciones de navegar. El velero había sido alquilado previamente a una empresa alemana de Rostock utilizando documentos de identidad falsificados y a través de intermediarios. El acusado y sus cómplices utilizaron el velero para transportar grandes cantidades de explosivos de alta potencia, aptos para uso militar, desde aguas internacionales hasta las proximidades de la isla danesa de Bornholm. Allí, el grupo de Serhii K. colocó diversos artefactos explosivos con detonadores temporizados en los gasoductos que discurrían por el lecho marino hasta el 22 de septiembre de 2022. Los artefactos explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022, causando graves daños a ambos gasoductos. Antes del incidente, el Nord Stream 1 había transportado aproximadamente la mitad del suministro anual de gas natural de Alemania destinado a la producción de energía”, afirma la Fiscalía sin dar ningún detalle novedoso y contradiciendo ligeramente el relato que habían dado medios como The Wall Street Journal solo en un detalle: según la Fiscalía, Kuznetsov y el resto del grupo habrían utilizado pasaportes falsos, mientras que el medio siempre ha alegado que se trataba de pasaportes reales emitidos por Ucrania, solo que con nombres falsos, una forma de actuación que The Wall Street Jounal identifica con el modus operandi de los servicios secretos ucranianos.

La parte más importantes del comunicado de la Fiscalía alemana es la primera, en la que detalla los hechos en los que se basa la acusación. “Serhii K. era un oficial del ejército ucraniano en 2022. Tras el inicio de la guerra de agresión rusa a finales de 2022, él y otro personal militar, actuando en nombre de las autoridades estatales ucranianas, elaboraron un plan para destruir los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que discurren desde Rusia a través del mar Báltico hasta Lubmin, en Alemania. El objetivo era cortar de forma permanente el suministro de gas a través de los gasoductos e impedir que Rusia utilizara los ingresos procedentes de la venta de gas natural para financiar su esfuerzo bélico”. La condena de la guerra y el objetivo de privar a la parte que se califica de agresora de ingresos con los que seguir luchando no son, al contrario que para las autoridades políticas y los medios europeos, un eximente de la responsabilidad. La Fiscalía de Alemania no solo acusa a Kuznetsov de actuar en nombre de las autoridades ucranianas, una forma de responsabilizar al Estado al que Alemania ahora financia, sino que insiste en que el acusado es sospechoso de ser “cómplice de un crimen de guerra, concretamente atacar objetivos civiles”.

Como ya demostró en su intento de evitar la extradición desde Italia, donde los tribunales demostraron también una independencia que fue inexistente en Polonia, segundo país en el que se había producido una detención, la defensa de Kuznetsov será precisamente la guerra. Como miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el soldado solo cumplía órdenes, una defensa que va a resultar muy familiar en Alemania y que, en su caso, debería llevar a desvelar quién daba esas órdenes. También aquí es previsible que no haya sorpresas y la cadena no terminará en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el presidente del país, sino en quien en aquel momento era el jefe del ejército, Valery Zaluhny, la persona a la que Volodymyr Zelensky intenta impedir que se presente a unas futuras elecciones presidenciales que, en parte, se juegan también en cuál de las dos figuras ucranianas de esta guerra sale mejor parada de las sesiones judiciales en un tribunal alemán.